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Uno de los elementos clave para mejorar la competitividad de las empresas consiste en reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, ya que esto permitirá reducir sus necesidades de financiación y evitar los efectos negativos que ello genera sobre el empleo y su propia supervivencia.

Con ese objetivo se publicó el 28 de Diciembre en el BOE la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Esta Ley es una de estas reformas estructurales que impulsa el uso de la factura electrónica y crea el registro contable, lo que permitirá agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes.

El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública, tendrá la obligación de presentarla ante un registro administrativo en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación establecidos en esta Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de facturas en el registro.

Están obligadas a presentar esta factura electrónica las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, personas jurídicas, establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español, uniones temporales de empresas y agrupaciones de interés económico. En principio no hay exclusiones en sí. Sólo se podrán excluir de esta obligatoriedad las facturas menores de 5.000 € de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Entrará en vigor el 15 de Enero de este año.

Link a la Ley completa para más información: Ley 25/2013

 

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